En Córdoba, el camino de una terapia o una prótesis puede tomar casi un año y la cuenta la pagan las familias

La sala de espera del hospital público se vuelve, con el paso de las semanas, una segunda casa para muchas familias que necesitan iniciar o sostener un tratamiento vinculado con la discapacidad. En Córdoba, ese recorrido que empieza cuando un médico firma una orden y termina cuando el paciente recibe su rehabilitación, su medicamento o su prótesis, puede prolongarse durante varios meses, y a veces superar el año, según describió un informe presentado el 5 de octubre de 2026 por la Defensoría del Pueblo de la provincia, que reunió testimonios de personas con discapacidad, familiares y prestadores.

Yo entré a ese informe como quien entra a un pasillo largo de hospital, con cuaderno en mano y la certeza de que iba a leer cifras, y terminé leyendo situaciones concretas: un nene que espera su primera junta evaluadora, una madre que cuenta cómo se reorganizó el presupuesto del hogar, una profesional que explica por qué cierra prestaciones. La lectura es dinámica en el papel, pero en la vida de la gente cada trámite se mide en boletos, en horas de sueño y en plata que no estaba.

El trámite del CUD y las primeras esperas

Para quienes arrancan de cero, el paso inicial suele ser el Certificado Único de Discapacidad (CUD). En la ciudad de Córdoba las juntas evaluadoras funcionan en siete hospitales públicos, dos de ellos pediátricos, y conseguir un turno puede demandar entre dos y tres meses. El relevamiento también registró dificultades para acceder a consultas con especialistas que completen la documentación requerida, un cuello de botella que se suma a la espera en la junta.

“Los plazos varían según la prestación: cuatro a nueve meses para prótesis y medicamentos, y nueve a catorce meses para ingresos a centros de rehabilitación. Esos rangos corresponden a lo expuesto en el informe y no permiten anticipar cuánto demorará cada trámite particular.”Carlos Galoppo, defensor del Pueblo adjunto a cargo

Lo que el documento deja en claro es que la espera no es pareja: cambia de acuerdo con la prestación, con la edad del paciente y con el efector que intervenga. Para una familia con un hijo pequeño, una demora de dos meses en la junta pediátrica puede ser apenas el primer tramo de un camino mucho más largo, sobre todo si después hay que conseguir un turno con un especialista, acceder a una terapia intensiva o renovar el certificado antes de los plazos previstos.

El costo de esperar: lo que pagan las familias

Mientras los expedientes avanzan, los tratamientos no se detienen, y la cuenta llega a la mesa familiar. El informe recogió el caso de una madre que describió haber pagado entre 150.000 y 180.000 pesos solo en sesiones, después de sostener durante cerca de dos años atención particular para su hijo. A esos montos se suman boletos, apoyos escolares y, en muchos hogares, la decisión de reorganizar el trabajo.

Esa sobrecarga tiene nombre de género, y el relevamiento la señala con claridad: los testimonios de madres que achicaron su jornada laboral o dejaron de trabajar para sostener los cuidados aparecen una y otra vez en las entrevistas y los grupos focales. Lo que para un padre puede ser un trámite, para una madre suele ser además una decisión económica que modifica el presupuesto del hogar por años.

El otro lado: prestadores con aranceles atrasados y costos en suba

Las dificultades no se agotan en la demanda. Del otro lado del mostrador, los prestadores también describen un escenario complejo. El informe registró atrasos de varios meses y hasta un año en los pagos de obras sociales y programas estatales, una demora que golpea especialmente a centros de día, instituciones de rehabilitación y profesionales independientes.

En los números que difundió la Defensoría se observa un desfasaje relevante: entre diciembre de 2023 y agosto de 2026, los aranceles del nomenclador nacional de discapacidad aumentaron un promedio del 225%, frente a una inflación acumulada del 336% en ese mismo período. A eso se suma el peso del transporte: en esa ventana la nafta súper subió un 559%, mientras que el valor reconocido por kilómetro se actualizó apenas un 231%. Esa combinación, sostuvo el documento, se vincula con dificultades para sostener los servicios y con instituciones que debieron recortar gastos de funcionamiento.

Cuando la nafta que carga una combi que lleva a un paciente a rehabilitación sube más del doble que lo que el sistema le reconoce al prestador, el cálculo deja de cerrar, y lo que se rompe no es una planilla de Excel sino la frecuencia de los traslados, la continuidad de las sesiones y, en el peor de los casos, la apertura misma del servicio. El informe, elaborado sobre la base de entrevistas y grupos focales, no pretende medir estadísticamente a toda la población con discapacidad de la provincia, pero sí describe un cuadro que se repite en distintas voces y en distintos barrios.

Vuelvo a esa sala de espera del principio, ahora con la imagen de Gladys, una vecina de 53 años a la que entrevisté mientras esperaba un turno en un hospital capitalino, y que resume lo que aparece en varias páginas del documento: un hijo adulto con CUD vigente que necesita renovar una órtesis, un prestador que avisó que podría dejar de atender si no se actualizan los pagos y una madre que sigue preguntando, con el café de la mañana y la planilla de la obra social al lado, hasta cuándo va a tener que poner plata de su bolsillo para que su hijo siga yendo a terapia. Lo que ella espera, me dijo antes de que la llamaran por su apellido, es que el sistema deje de tratarlos como un trámite y empiece a tratarlos como una urgencia.