La escena se repite en salas de espera y guardias hospitalarias de todo el país: cada vez hay más personas que llegan buscando atención por un problema de salud mental, mientras los servicios públicos deben responder con una capacidad que las propias autoridades reconocen como sobreexigida. Un relevamiento coordinado por la Universidad Nacional de Lanús, con información de las máximas autoridades sanitarias de catorce provincias, registró un crecimiento del 23% en las consultas ambulatorias durante el último año y del 42% en las internaciones entre 2023 y 2026.

En los últimos doce meses, además, las internaciones aumentaron un 12% más. El relevamiento no ofrece una explicación única para ese incremento, pero sí muestra una presión creciente sobre los sistemas públicos, especialmente entre niñas, niños y adolescentes, y entre personas que perdieron la cobertura de obras sociales o prepagas y pasaron a atenderse en hospitales y centros estatales.

Más demanda, más presión sobre los servicios

Las provincias relevadas fueron Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Salta, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Tierra del Fuego. En conjunto, representan más del 70% de la población argentina. También participaron del encuentro Entre Ríos y Río Negro, aunque el informe federal se basa en los datos aportados por las catorce jurisdicciones principales.

En la provincia de Buenos Aires, el 30% de las consultas en las guardias hospitalarias corresponde a problemas de salud mental. El dato refleja cuánto se ha desplazado hacia los servicios de urgencia una parte de la demanda que, en otros casos, podría ser contenida mediante dispositivos comunitarios, seguimiento ambulatorio y redes territoriales.

El sistema no se quedó quieto. Entre 2021 y 2026 se incorporaron al menos 388 camas de salud mental a hospitales generales, y trece de las catorce provincias relevadas ampliaron sus redes comunitarias mediante centros de día, equipos territoriales, viviendas asistidas y dispositivos dedicados al abordaje de consumos problemáticos. Sin embargo, las autoridades provinciales dijeron que esas capacidades están sobreexigidas y que cuesta completar los equipos con disciplinas críticas.

• Aumentar la inversión en salud mental.
• Ampliar la infraestructura y los recursos humanos.
• Garantizar el acceso a medicamentos.
• Producir información Epidemiológica nacional de calidad.
• Recuperar una coordinación efectiva entre Nación, provincias y municipios.

El informe fue presentado en el Senado, en el marco del debate por una reforma de la Ley Nacional de Salud Mental, vigente desde 2010. Las autoridades provinciales plantearon que la propuesta elimina marcos y garantías sobre los que se sustenta la política de salud mental, sin incorporar el financiamiento necesario para ampliar la capacidad de respuesta de los sistemas públicos. Para los equipos que trabajan en guardias, centros de día y dispositivos territoriales, el desafío inmediato es sostener una atención que llega a más personas, pero que no siempre cuenta con los recursos, el personal y el tiempo suficientes.