Pensiones por invalidez: 4.329 beneficiarios sin cobro y un plazo de 60 días para regularizar

La Secretaría de Discapacidad oficializó la suspensión de 4.329 pensiones por invalidez laboral, cuyos titulares no acreditaron la documentación médica exigida. La medida se publica mediante la Resolución 3702/2026, que deja sin efecto una norma anterior que había restablecido el cobro de estas prestaciones tras un fallo judicial. Según el texto oficial, la Cámara Federal de Tucumán revocó en febrero de 2026 esa sentencia de primera instancia, situación que habilitó la suspensión de los beneficios comprendidos en esa causa.

El requisito central

Para mantener o recuperar la prestación, el titular debe contar con un Certificado Médico Oficial (CMO) que acredite una discapacidad del 66% o más. Sin ese respaldo, el pago no puede continuar. El organismo indicó que la medida alcanza a personas que no entregaron la documentación necesaria para acreditar la continuidad de su situación de discapacidad.

Plazos según la situación de cada beneficiario

• Suspendidos: 4.329 titulares con 60 días corridos para presentar la documentación faltante. Si no lo hacen en ese período, la prestación no podrá ser rehabilitada.
• Intimados: 7.008 beneficiarios que deben ampliar la documentación médica que respalda su incapacidad laboral, con un plazo de 30 días hábiles.
• Inicio del cómputo: para quienes dependen de este ingreso, el plazo comienza a correr desde la notificación individual.

Vías para presentar la documentación

La documentación puede entregarse por cuatro canales: oficinas de atención de ANSES, dependencias habilitadas de la Secretaría Nacional de Discapacidad, el formulario de consultas del Ministerio de Salud disponible en argentina.gob.ar, o la plataforma Trámites a Distancia (TAD), eligiendo el trámite "Presentación de Documentación para Pensión Invalidez".

Una vez recibida, la documentación se incorpora al expediente administrativo del titular. Los equipos técnicos analizan ese expediente para determinar si corresponde rehabilitar el pago, por lo que la integración completa del legajo resulta determinante en el resultado del trámite.