Dieciocho denunciantes acusan a Hernán Casciari de devolverles menos del tres por ciento de lo invertido en siete películas y series

A fines del año 2024, o más bien en el tramo final de ese calendario que se fue sin demasiadas respuestas, dieciocho personas se sentaron frente a un escribano, firmaron una denuncia penal y la empujaron con nombre y apellido hacia los pasillos del Palacio de Tribunales de la calle Talcahuano, en pleno corazón del microcentro porteño. La presentación, motorizada por el abogado Ariel Gil Ces, terminó recostada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 34 y radicada en la Fiscalía N.º 16, que deberá definir si le da curso o la archiva. Del otro lado de la denuncia aparece el escritor y emprendedor cultural Hernán Casciari, fundador de la plataforma Orsai, y la sociedad Orsai Audiovisuales, una pyme que durante el período 2020-2024 levantó más de 23.000 participaciones a través de un mecanismo de financiamiento colectivo que promete participación en los ingresos de películas y series. Lo que empezó como una experiencia comunitaria para producir ficción independiente ahora es, según los denunciantes, una trituradora de ahorros.

Porque ese número, los 23.640 bonos vendidos que la denuncia pone sobre la mesa, no es solo una cifra: es la traducción contable del entusiasmo de gente que vio en Casciari y en su marca una manera deMeter plata en la industria audiovisual sin la intermediación de los grandes estudios. Varios de esos inversores compraron más de un bono en más de un proyecto, lo que termina de dibujar el cuadro de una comunidad que fue volviendo a la ventanilla varias veces, convencida de que la primera había sido la excepción y no la regla. Los montos individuales van desde los 50 dólares del bolsillo más chico hasta los 3.000 dólares de quienes apostaron fuerte, y en la mayoría de los casos lo que volvió fue, según los denunciantes, menos del tres por ciento de lo entregado. Esa proporción, debajo incluso del piso de cualquier plazo fijo o de la peor colocación en dólares de los últimos cinco años, es la que empujó a la gente a golpear la puerta de la Justicia en lugar de la de un estudio contable.

Los siete proyectos bajo la lupa

• Sola en el Paraíso (2020): documental sobre la actriz Justina Bustos en pandemia, 938 participaciones. Los denunciantes sostienen que se subió gratis a YouTube sin aviso previo. María Alecia Izturriaga, que puso 50 dólares, declaró que ni se promocionó ni se volvió a saber nada, hasta que apareció publicada sin costo.
• La Uruguaya (2021): adaptación de la novela de Pedro Mairal, 1.967 participaciones y alrededor de 600.000 dólares juntados. La venta a Disney cubrió lo invertido pero no dejó rentabilidad. Para juntar el dinero se usó la cuenta bancaria personal del futbolista uruguayo Sebastián Fernández en el Banco Santander de Uruguay.
• Canelones (2021 en adelante): empezó como miniserie de seis capítulos, pasó a cuatro y terminó como película, con 5.495 participaciones y sin rendiciones económicas por etapa. Marcelo Vaccarili, que aportó 1.200 dólares, dijo que se decidió cuando se conocieron los elencos con nombres como Barassi, Rada, Llinás y Bordón. El estreno en cines está anunciado para el 6 de agosto de 2026.
• La Muerte de un Comediante: la ópera prima de Diego Peretti como director, con 10.139 participaciones y más de 1.800.000 dólares recaudados. Es el proyecto con más reclamos y los retornos informados van de 1 a 84,60 dólares. Sebastián Angelini, que metió 2.900 dólares, declaró que pensaba abrir un negocio con la ganancia esperada.

Lo que cuestionan los denunciantes

La denuncia sostiene, en líneas generales, que el sistema de financiamiento funcionó como una promesa de participación que nunca terminó de traducirse en números concretos. Los inversores alegan que no hubo rendiciones intermedias claras, que los cambios de formato llegaron sin tooffer explicación económica y que, en varios casos, las producciones se terminaron haciendo accessibles de manera gratuita, lo que licuó cualquier expectativa de retorno por comercialización posterior. A eso se suma un detalle que esta semana la denuncia no desarrolla pero que sobrevuela el expediente: durante el estreno de La Muerte de un Comediante, el 20 de noviembre de 2025, varias salas proyectaron la película sin subtítulos. Es decir, que ni siquiera en la noche de la función hubo una garantía de que el público pudiera seguir la trama completa, y la escena dejó a varios de los denunciantes con la sensación amarga de haber financiado a medias un estreno que tampoco terminó de llegar entero a la sala.

Del lado de Casciari, todavía no hay declaración pública extensa sobre la denuncia en los términos que trascendieron esta semana, y la causa penal apenas empieza su recorrido por la Fiscalía. Lo que sí existe, y forma parte del expediente, es el listado de proyectos y los montos que cada denunciante asegura haber puesto y haber recibido. Son números chiquitos en términos absolutos, de 50 dólares acá, de 3.000 dólares allá, pero multiplicados por 23.000 participaciones dan una foto de plata que se movió con una confianza comunitaria muy grande y que, según la acusación, se devolvió con un porcentaje que en muchos casos ni siquiera alcanza para compensar la inflación del período.

Yo leí la denuncia pensando en la cantidad de gente que conozco que en estos años, entre una devaluación y otra, agarró un ahorrito en dólares y lo puso en alguna de estas movidas colectivas, desde fideicomisos al costo hasta emprendimientos culturales como los que motoriza Orsai. No es un universo marginal: son vecinos, compañeros de trabajo, familias que vieron en la pantalla grande un lugar donde el dinero podía volver con algo de sentido y no quedar atrapado en el circuito financiero de siempre. Que hoy esa decisión de cuatro años atrás termine en un escritorio de Tribunales con forma de denuncia penal dice bastante de cómo se está jugando el partido entre las plataformas independientes de financiamiento y la gente que les creyó. Lo que haga la Justicia a partir de ahora no va a resolver solo el futuro de dieciocho personas y de un escritor que supo construir una comunidad a fuerza de contar cosas y de invitarlas a producir: va a marcar también hasta dónde pueden llegar este tipo de esquemas de participación en películas y series cuando lo que se promete en una página web no termina de coincidir con lo que se firma en un juzgado.